“Cuando se especifican los derechos humanos para un grupo determinado, tiende a deberse con frecuencia al hecho de que a los miembros del mismo, a causa de la condición que les identifica, les han sido negados unos derechos que tienen fundamentalmente en cuanto humanos. Especificarlos para ellos, con determinadas adaptaciones a las circunstancias de su condición, se convierte así en una denuncia implícita de la vulneración de derechos que han soportado y en una apuesta (que no debe ser meramente formal) para que se acabe con ella.”
Imaza es uno de los seis distritos de la provincia de Bagua, en el departamento de Amazonas. Para llegar desde Lima hasta los pueblos indígenas amazónicos en Imaza se requiere tomar un vuelo de una hora o un bus de ocho hasta la ciudad de Chiclayo. Luego, se necesita otro bus de siete horas para llegar a Bagua Grande. Una vez ahí, el viaje hacia Bagua capital se hace en un colectivo que suma cincuenta minutos más. Las siguientes cuatro horas son la última etapa sobre ruedas hasta llegar al puerto de Imaza. Finalmente hace falta un “peque peque” para cruzar, en unos quince minutos, el río Marañón. Este último recorrido también se puede hacer en el “huaro”, una especie de funicular de madera que requiere de dos personas corriendo sobre sus cables para ser impulsado.
En Imaza predomina la etnia Awajún aunque también hay indígenas Wampís y colonos mestizos, éstos últimos llegaron con el comercio a través de las rutas fluviales o por los caminos fangosos de tierra y piedras. Al arribar a las comunidades se avizoran las primeras casas erigidas en caña y techadas con calamina, aunque aún se conservan algunos techos tradicionales de palma para aislar el calor que supera los 37 grados centígrados.
Definitivamente se trata de un lugar aislado geográficamente, pero alejado también de todo ámbito estatal. La presencia del Estado en Imaza es mínima. Se distingue en cierta infraestructura: algunas escuelas de material noble, pequeños juzgados de paz y centros de salud. Sin embargo, sus deficiencias lo vuelven inexistente para muchos.
Esta abismal distancia se acortó repentinamente el 5 de junio de 2009 a raíz del enfrentamiento entre policías y pueblos indígenas, lo cual originó el Baguazo. En un abrir y cerrar de ojos Bagua ya era foco de atención para el país entero, por los sucesos de violencia que acabaron con la vida de 25 policías, 5 nativos y 4 mestizos.
Una bomba de tiempo
El deterioro legal de las tierras comunales se inició con los cambios en la constitución de 1993, que las ponía en peligro al facilitar su disponibilidad, reduciendo su marco jurídico de protección. En 2007, en medio de las negociaciones para la firma del TLC con Estados Unidos, se decidió apresurar un paquete de 99 decretos legislativos, 34 de los cuales afectaban directamente a los pueblos indígenas de la Amazonía. Estos decretos, ponían en situación de vulnerabilidad a los territorios de las comunidades indígenas pues los volvían embargables, legalizaban las invasiones sobre los mismos y permitían que las comunidades indígenas perdieran el control de sus territorios con suma facilidad, de manera que si una comunidad indígena dejaba de utilizar determinados recursos dicha tierra podía ser declarada en abandono y ser revertida al Estado.
“El Awajún es paseandero, ellos son de visitar a otras familias o salen a cazar a otros lugares por tres o cuatro días” dice la hermana María del Carmen Gómez, quien trabaja en Chiriaco, capital de Imaza, desde hace más de 30 años. Ella llegó de España en una misión evangelizadora llamada “Las Ciervas de San José” para darle al pueblo Awajún una educación bilingüe. Ahí enseña en un colegio de Fe y Alegría a más de 300 alumnos de dicha etnia, por eso los conoce y entiende profundamente. Ella explica que los Awajún no habitan en todo el territorio, pero viven de él. La tierra comunal es como su casa y si no cazan en tal o cual lugar es porque no es la temporada en que los recursos que requieren se encuentran disponibles. Sin embargo, en otro momento, esa tierra será su medio de subsistencia. Por lo tanto, que el Estado pretenda apropiarse de sus tierras por falta de uso es no entender su cultura, sus modos de vida, es matarlos de hambre. Precisa además que la agricultura no es una actividad para ellos, ya que la tierra no es buena para el cultivo. Por lo tanto, si se les obliga a cultivar empezarán naturalmente a comprar vacas para pastar y asegurarse un mejor ingreso y el problema con la ganadería es que terminan talando árboles para el pastoreo. Por lo tanto, “mitayar” (cazar) es lo suyo y para ello requieren tanto de las tierras como de los ríos.”
La amenaza se hizo real para los pueblos indígenas cuando el Estado presentó los mencionados proyectos de decretos legislativos. Es así que, bajo el argumento de que los decretos eran indispensables para la firma del TLC con los Estados Unidos, lo cual fue desmentido tiempo después, el ejecutivo solicitó la delegación de funciones por parte del legislativo para apresurar el procedimiento. A través de esta vía se promulgaron dichas normas sin tomar en cuenta las obligaciones asumidas por el Estado tras la firma, en el año 1993, del Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas y tribales. Este convenio exige un procedimiento de consulta previa que no fue llevado a cabo a pesar de las graves consecuencias que esto traía para los pueblos de la Amazonía.
En la misma lógica, el Presidente Alan García escribe su artículo “El Perro del Hortelano” haciendo referencia directa a los pueblos indígenas amazónicos. En este se evidencia la profunda desconexión entre el proyecto de desarrollo del gobierno y las necesidades de las comunidades nativas amazónicas, históricamente olvidadas: “hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: "Si no lo hago yo que no lo haga nadie"”.
En Imaza no existe persona que no recuerde con dolor el haber sido llamado “ciudadano de segunda categoría” o “perro del hortelano”. Es sorprendente la referencia constante a este momento que parece haber marcado sus vidas. “Bienvenidos a la tierra de la segunda categoría, como nos reconoció nuestro presidente Alan García” dice Joel Shimpukat al recibirnos.
En Imaza no existe persona que no recuerde con dolor el haber sido llamado “ciudadano de segunda categoría” o “perro del hortelano”.
“La lucha” El 9 de abril de 2009 varios grupos étnicos de la Amazonía peruana, agrupados, acataban un paro general como medida de fuerza que tenía como propósito presionar a los poderes legislativo y ejecutivo a fin de conseguir la derogatoria de los decretos legislativos que los afectaban. Para este propósito decidieron tomar la carretera Fernando Belaúnde Terry e impedir el tránsito. “Nosotros hemos visto cómo a partir de la huelga en Lima se logran cosas. Nosotros hemos aprendido de ustedes, a reclamar, pues hemos visto que de esa manera el gobierno los atiende. Nosotros también tenemos demandas.” continúa con indignación serena Joel Shimpucat, hoy con orden de captura por supuestamente instigar los ataques a policías en la Curva del Diablo.
Al igual que Joel, otros líderes indígenas o “Apus”, como Alberto Tiwi Pape, Simón Weepiu y varios más se encuentran procesados por la justicia y con orden de captura por lo acontecido el 5 de junio. Como indican ellos mismos y recoge además el informe en minoría que se gestó gracias a la participación de María del Carmen Gómez y el indígena Jesús Manacés, lo que tenía como objetivo ser un reclamo legítimo y pacífico se convirtió en una tragedia que pudo ser evitada.
No era la primera vez que los indígenas salían a las calles a reclamar. En agosto de 2008 se gestó una primera movilización que culminó en la derogatoria de los decretos 1015 y 1073. La comisión que se formó en el Congreso dio como recomendación derogar diez decretos más. Sin embargo, esta demanda no fue atendida y la discusión se alargó hasta abril de 2009. Fue en ese momento que los pueblos indígenas decidieron apostarse en la carretera. No obstante, la decisión no fue fácil. “Movilizar pueblos indígenas enteros no es una decisión sencilla pues se requiere de mucha organización y recursos económicos. Nuestra debilidad es el factor económico” advierten los dirigentes. Tal y como revelaron varios de ellos: “las organizaciones se encontraban en una crisis dirigencial y mientras ésta existiera no era conveniente participar en un paro.” Otros refirieron que “sin información clara y pocos recursos para trasladarse no puede movilizarse a la gente.” Sea como fuere, el riesgo que corrían de perder el control de sus tierras y la amenaza que esto significaba para sus comunidades los llevaron a enfrentar lo que ellos consideraron un atropello.
El 5 de junio de 2009 una multitud de indígenas se encontraba en la carretera Fernando Belaunde Terry, más precisamente en La Curva del Diablo. A varios kilómetros, otro grupo de alrededor de 300 indígenas cercaba la Estación 6 de Petro Perú desde el 23 de Abril. No se trataba de un secuestro como en un inicio se quiso alegar. Por el contrario, un grupo de indígenas se encontraba brindando protección a los trabajadores de la planta. Así lo indica en sus declaraciones el ingeniero Urizar, encargado de la Estación 6 y así consta en el Acta de Armonía y Conciliación suscrita por el líder Awajún Simón Weepiu y el ingeniero Félix Martínez Palacios, supervisor de la Estación 6, donde también participó el señor mayor PNP Joel Arrascue Camacho, Jefe del personal USE-Chiclayo.
De la misma forma, relatan que los cambios policiales efectuados por la Ministra del Interior, dos días antes de la fecha inicialmente señalada, indicaban un viraje en la manera de enfrentar el paro. Hubo indicios, corroborados por altas autoridades indígenas, de que desalojarían la carretera en los próximos días. Pese a ello, el General Muguruza de la DIROES fue enviado desde Lima para sustituir al General Uribe, jefe de la IV DITERPOL Tarapoto, quien había persistido en el camino del diálogo, construyendo relaciones de confianza con los líderes indígenas. Asimismo, el Comandante DINOES Miguel Montenegro se apostó en la Estación 6 haciendo un relevo en el mando. La idea del gobierno era la de imponer un desalojo con efectos mediáticos y de gran contundencia.
“Esta lucha duró 56 días y el gobierno no tuvo voluntad política de conversar. Es una mala costumbre, no toman en cuenta la masa. El Presidente de la República es como un padre y no ha actuado como padre. Esta historia que sirva para los jóvenes” dice Pedro Tiwi, hermano de Alberto.
Al empezar el enfrentamiento entre policías e indígenas, éstos relatan haberlos visto llegar por arriba, desde el cerro, con armas de fuego y lanza granadas. Los policías dicen haber repelido el ataque de los indígenas usando la disuasión, sin embargo, mientras aquellos tenían contingentes con más de 200 fusiles AKM, éstos contaban con lanzas.
No pasó mucho rato hasta que corriera la falsa noticia de que el líder indígena Santiago Manuin había muerto en la Curva del Diablo junto a otros indígenas en combate con los policías. “Santiago es un indígena diferente, él ha tenido la posibilidad de estudiar en Cataluña y es muy querido entre su gente” nos contó en una oportunidad la hermana Maricarmen. Fue esta noticia la que hizo estallar la ira de los indígenas en la Estación 6. Simón Weepiu cuenta cómo en un instante perdió el control de la situación y las hordas de indígenas abrieron las rejas llevándose a los policías para vengar la muerte de Santiago y los suyos.
Los Apus en el banquillo
La hermana Maricarmen explica que en las comunidades Awajún hay grupos de conservadores para quienes la venganza es la manera de equilibrar las cosas y que por otro lado están los progresistas que, a pesar de mantener sus costumbres, reconocen la justicia nacional y sus instituciones. Por lo general, los líderes indígenas o “Apus” salen del segundo grupo, pues son figuras respetadas dentro de sus comunidades, son profesores o indígenas que han podido acceder a un mejor nivel educativo.
Sin embargo, a raíz del conflicto, varios dirigentes de las organizaciones indígenas se encuentran con orden de captura. Su delito: ser dirigentes. No hay mayor motivación en el auto de apertura de instrucción y menos aún algún testigo que los haya podido reconocer. Pareciera que la justicia ha confundido el rol de dirigente con el de líder de una banda criminal. “Influencia psicológica” o “conexión psíquica entre los dirigentes y sus comunidades han determinado la conducta violenta” son argumentos que se encuentran en los expedientes de estos casos.
Hoy, los dirigentes piden que se les varíe la medida de prisión preventiva por una de comparecencia. No solo no pueden desplazarse, lo cual impide que puedan desarrollar sus actividades económicas fuera del lugar que habitan, sino que tampoco pueden realizar sus labores como dirigentes indígenas. Pedro Tiwi expresa abrumado: “Esta medida de lucha fue del pueblo indígena, no de nosotros. La preocupación fue por la lucha de su territorio, el reclamo de derogación de decretos legislativos inconstitucionales. En ningún momento quisimos violencia. Cada uno [el Estado y los indígenas] llegaba con su visión de las cosas, pero nunca hay justicia para los pobres. Yo estoy como delincuente, no puedo salir de aquí y trabajar para mantener a mi familia.”
De la misma manera clama Joel Shimpucat quien ha tenido que suspender el estudio de sus hijos “siento que los estoy perjudicando, estamos dispuestos a aclarar las cosas, pero exigimos respeto.”
Simón Weepiu se suma a sus compañeros: “Yo devolví a los policías los armamentos quitados por otros. Por salvar vidas humanas es que estoy así. Ahora estoy mal de salud y no puedo atenderme.”
Este reclamo se torna más grave si se toma en cuenta que hace dos años se encuentran en la misma situación legal y es que los procesos han avanzado lento por la complejidad de los hechos y la falta de capacidad de los operadores del sistema de justicia en Bagua. Por la misma razón no pueden enterarse con facilidad sobre sus procesos. Existen deficiencias en el sistema de notificaciones por las distancias y las dificultades geográficas, por lo que éstas demoran más de un día en llegar a su destino. Una vez más el factor económico es una traba que les impide movilizarse, ya que pueden demorarse hasta un día entero en realizar los recorridos, lo cual trae como consecuencia el vencimiento de plazos. Muchos de ellos tienen la intuición de que el gobierno ha querido descabezar las organizaciones amazónicas para ponerlas en jaque y evitar así que puedan efectuar sus demandas de manera estructurada.
Otra serie de contradicciones agudizan el problema de la justicia en Bagua. Segundo Herrera, director de ANDES, una ONG en la localidad de Bagua, narra que existe un caso en el que la fiscal Bobadilla acusa a Santiago Manuin frente a los policías y que en el mismo expediente, es ella quien acusa a los policías frente a Santiago Manuin. “¿Cómo se puede ser imparcial así?” Se pregunta con justa razón. Lo mismo ocurre con el juez Uldarico Bohórquez, quien lleva un caso contra los dirigentes y otro contra los policías. El juez que originalmente veía este último expediente salió de viaje y Bohórquez tuvo que hacerse cargo de la apertura de instrucción, que es justo la etapa en que se da inicio al proceso, al haber encontrado el juez responsabilidad penal. Son algunas de las deficiencias que presenta la justicia de la que ahora dependen los Apus.
Todo está en manos de la Sala que dictará la sentencia en primera instancia. El presidente del Poder Judicial, Hugo Mollinedo, se considera un gallo viejo. Con mucho temple dice que no es cuestión de apretar un botón y que la justicia se hará en el juicio. Ya recibió un escarmiento por parte de la Oficina de Control de la Magistratura a raíz de la presión de un diario limeño que lo señaló en una de sus portadas, acusándolo por dejar en libertad a un grupo de nativos. “Me cae la prensa o el control interno del Poder Judicial.” Él sabe que sin pruebas no puede condenar a nadie pero reconoce que la envergadura de este caso y el peso político que acarrea pueden ser mayores que las exigencias de una correcta justicia.
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